Conseguir piso en una gran ciudad es difícil para cualquier ciudadano. En España algunas inmobiliarias piden tres meses de fianza, otras un sueldo de dos mil euros mensuales más un reporte del banco, entre otras medidas que no están reglamentadas en ninguna parte. Para un inmigrante entonces, aún peor: se le exige cualquier medida, pero no se le ayuda.
La ONG SOS Racismo, ha planteado un informe que intentará revelar que existe discriminación a la hora de alquilar un piso. La investigación ha empezado en Barcelona y seguirá hasta obtener respuestas más claras sobre las dificultades que enfrentan los inmigrantes para conseguir una vivienda.
Isabel Martínez, portavoz de la ONG, afirma que “Es difícil demostrar que te han dicho que no porque eres inmigrante. Y también es difícil comprobar que lo hacen por racismo, porque normalmente te están aplicando criterios económicos, que pueden aplicar, porque no hay mucha inspección.”
Mientras ese panorama no esté listo no tenemos ninguna base para evaluar los obstáculos impuestos por los dueños de pisos, pero sí tendremos una poderosa arma para luchar contra ese tipo de racismo. Lo que falta son alternativas para solucionar el problema, que es más que evidente.
“La vivienda constituye un marco o dimensión espacial de carácter primario e imprescindible para la vida personal y social del individuo, y en particular para el desarrollo de la vida familiar.” Artículo 47, Constitución Española.
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